El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó nuevamente un estado de excepción en varias provincias y municipios del país, ante la persistente violencia vinculada al crimen organizado. Esta medida afecta a nueve provincias y cuatro cantones, incluyendo las principales ciudades Quito y Guayaquil, que concentran a 7 millones de habitantes de los cerca de 18 millones del país.
El decreto, vigente desde el 2 de abril de 2026, busca responder a una «grave conmoción interna» causada por el aumento de extorsiones, asesinatos selectivos y la presencia de corredores de narcotráfico en las zonas afectadas. La medida autoriza a la Policía y Fuerzas Armadas a realizar allanamientos e interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa, bajo la condición de que existan sospechas relacionadas con dichos delitos.
Además, permite la requisición temporal de bienes y servicios privados si es necesario para sostener las operaciones de seguridad pública. A diferencia de la anterior declaración, en esta ocasión no se impuso toque de queda nocturno.
El decreto abarca las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como los cantones de La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal. Las Fuerzas Armadas, habitualmente encargadas de la defensa externa, ahora participan directamente en labores de seguridad pública, trabajando coordinadamente con la Policía Nacional.
El gobierno insiste en que las acciones deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y debido proceso, aunque reconocen que en situaciones de militarización estos principios pueden verse afectados.
Esta renovación del estado de excepción responde a un informe de inteligencia del 1 de abril que evidencia la focalización de la violencia en ciertas regiones y la incapacidad estatal para contenerla con recursos ordinarios.
Información basada en reportes publicados por France 24. Fuente original